La Dra. Ana Mª Badia Martí, Directora del MEI, elegida como experta para el comité de protección de los derechos fundamentales en situaciones de emergencia creado por la Generalitat de Catalunya

¿Cuáles son los límites de las medidas de seguridad y para la protección de la salud en una sociedad democrática? Es una pregunta propia de un contexto como el de la pandemia de la COVID-19. La emergencia ha revelado la carencia de un criterio público y compartido para evitar la lesión de los derechos civiles y políticos en estas situaciones.

Para mejorar esta respuesta en el futuro, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha creado un grupo de trabajo formado por profesionales y académicos de reconocido prestigio, de distinguida trayectoria en la defensa de los derechos de las personas cuyo informe final deberá presentarse en otoño.

El comité es plural y paritario. Incluye expertos en diferentes disciplinas académicas, sobre todo, del derecho, pero también de la filosofía, así como juristas vinculados a los movimientos sociales. Junto con la Directora del Master, Ana Mª Badia Martí, forman parte de este Comité Enoch Albertí, catedrático de derecho constitucional de la UB; Xavier Antich, filósofo y profesor de la UdG; Mercè Barceló, catedrática de derecho constitucional de la UAB; Josep Casadevall, abogado y exvicepresident del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Agustí Cerrillo, catedrático de derecho administrativo de la UOC y experto en transparencia y protección de datos; Francina Esteve, profesora de derecho internacional público a la UdG y experta en el ámbito de la Unión Europea; Anaïs Franqueza, abogada penalista y codirectora de Irídia; Josep Maria Vilajosana, catedrático de filosofía del derecho de la UPF; Nuria Terribas, directora de la Cátedra de Bioética de la UVic-UCC; y Josep Maria Tamarit, catedrático de derecho penal de la UOC y la UdL.

 

El grupo de expertos actuará con objetividad, transparencia y plena independencia, con el apoyo técnico y organizativo del Departamento de Justicia, así como con el apoyo de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

 

Fuente:

http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=386364